El camino hacia la
regulación de la marihuana en Uruguay ya está abierto y lo que resta es su
tránsito legal. El gobierno del presidente José Mujica envió al Parlamento el
proyecto de ley anunciado desde mediados de julio, cuando el tema se robó
grandes titulares, en especial en una región como Suramérica, duramente azotada
por el tráfico ilegal de drogas, pero desde hace poco dispuesta a plantear vías
diferentes a la del combate frontal, fiel a la doctrina de la prohibición.
Para
el gobierno de Mujica este fue el punto clave. La prohibición irresuelta estaba
trayendo más desgracias que fortunas al país, donde su alrededor de tres
millones de habitantes comenzaban a padecer los peores gajes de un negocio
ilegal y generador de violencia. “Pensamos que la prohibición de ciertas drogas
le está creando más problemas a la sociedad que la droga misma”, dijo en su
momento el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, respondiendo a las
inquietudes que genera un tema a todas luces espinoso.
En
diálogo con El Espectador, Julio Calzada, secretario ejecutivo de la Junta
Nacional de Drogas de Uruguay, relató que el proyecto vino después de un
análisis juicioso, que exploraba las alternativas que tendría el gobierno para
combatir los problemas derivados del tráfico ilegal, teniendo como meta el año
2015. Los estudios, de los que participaron consejeros extranjeros, mostraban
que el país comenzaba a dirigirse hacia los días más difíciles que el comercio
de droga había obligado a experimentar a otras naciones de la región. “Vimos
como nosotros parecíamos estar en el mismo rumbo que Brasil tuvo hace años y
que desató grandes crisis de seguridad, en ciudades como Río de Janeiro, por
ejemplo”, comenta Calzada.
La
seguridad es la meta. Calzada es consciente de que aun aplicando de forma
adecuada todos los esfuerzos estatales para el combate del comercio ilegal, la
oferta —que genera unos US$75 millones al año— podría ser controlada sólo en un
10%, mientras que el 90% restante continúa expandiéndose, generando metástasis
de violencia y criminalidad. La propuesta no es un proyecto de ley exclusivo
para regular la marihuana, sino que forma parte de un conjunto de normas que
apuntan a mejorar la seguridad, con aumento de penas en los casos de corrupción
policial, de cargos relativos al tráfico de pasta base de cocaína y de mayores
castigos a los menores que delinquen. “Es una regulación, es no dejar al
fumador en banda para que muera con los traficantes de la pasta base, es una
alternativa al tipo esclavizado con una necesidad”, explicó Mujica, cuestionado
por el apartado que se robó la atención de todo el proyecto.
“No
es un salto al vacío”, dice Julio Calzada. “El proyecto no ha estado muy lejos
de otras iniciativas, como las adoptadas por Holanda en el año 78,
estableciendo los llamados “coffee shops” para el consumo, ni de las aplicadas
en los 17 estados de Estados Unidos que regulan el consumo o la producción de
marihuana, ni de los clubes de cannabis de España”.
El
gobierno uruguayo ha trazado sus propias cuentas. El Estado asumirá el control
y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a
cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana
y sus derivados. En Uruguay hay cerca de 150.000 consumidores, con un promedio
de gramo y medio diario, lo que exigiría una producción 81 toneladas al año. La
ley permitiría una venta máxima de 40 cigarrillos mensuales a los consumidores,
quienes a su vez se inscribirían en un registro para el control. El precio de
la marihuana contemplaría un impuesto, que daría fondos para tratamientos de
rehabilitación y un centro de control de calidad. Adicionalmente, José Mujica
ha abierto la posibilidad de que un mercado abierto de marihuana logre desviar
la atención que tiene la cocaína como sustancia ilegal y reduzca su consumo.
El
resultado de todos estos cálculos resulta previsible para Calzada, para quien
la aplicación de esta ley podría invertir las cifras: “el Estado controlaría el
90% del comercio de la marihuana. Somos realistas y no hablamos de la
totalidad: el contrabando existe”.
El
proyecto está en manos del Parlamento, como una de las iniciativas que han
surgido para controlar la violencia y la seguridad. El secretario ejecutivo de
la Junta Nacional de Drogas de Uruguay considera que debates de este tipo que
se vienen dando en la región hablan de “un ambiente para reflexionar y dar
pasos adelante en nuevas políticas”.
Reformas a las leyes antidrogas en América Latina
Argentina. En 2009, la Corte
Suprema declaró inconstitucional la imposición de sanciones penales al consumo
de drogas. Este año la Cámara de Diputados estudia la despenalización del
cultivo de marihuana para consumo personal y la reducción de penas para ofensas
menores.
Ecuador. En la Constitución de
2008 se dice que el consumo de drogas es un problema de salud pública y
determina que “en ningún caso se permitirá su criminalización”. Se aprueba una
amnistía para las mulas.
Brasil. En 2006 se hizo una
despenalización parcial de la posesión de droga para uso personal. La prisión
fue sustituida por medidas educativas.
México. En 2009 se despenalizó
la tenencia de pequeñas cantidades de droga para uso personal.
Chile. En 2007 se
descriminalizó el consumo personal en privado. En público se aplican sanciones.
Se acaba de presentar en el Congreso un proyecto para legalizar el cultivo y
consumo personal y terapéutico de la marihuana.
Fuente el espectador.
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